Las horas más oscuras de la jueza Servini

"Me siento investigada", reconoció con fastidio la jueza federal Maria Romilda Servini –entonces "de Cubría"– el domingo 25 de marzo de 2012. Lo hizo en una entrevista concedida a Radio América, pocas horas después de que se consumara un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar. La charla giraba en torno a una causa iniciada a principios de 2011 por uno de sus pares, el difundo Norberto Oyarbide, en la que se investigaba la presunta complicidad de algunos jueces en el robo de niños que se perpetró durante los años más oscuros de la historia argentina. El expediente nació como una derivación de la declaración de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el juicio por apropiación de menores que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal 6 y que colocó a Servini en la mira, como consecuencia de su paso por el fuero de menores en los 70.

Durante aquel reportaje de 2012, Servini aseguró tener "la conciencia tranquila". También recordó haber presentado ante Oyarbide una serie de documentos sobre su intervención en dos casos de niños que, entre 1976 y 1977, fueron restituidos por ella a sus familias de origen. Y, "sin ánimo" de vanagloriarse, resaltó que fue ella quien ordenó las detenciones del exdictador Emilio Massera y del apropiador de Juan Cabandié. 

Sin embargo, esa tranquilidad que decía sentir hace doce años hoy devino en incertidumbre. Evidentemente, los caminos de la vida no son lo que "la Chuchi" esperaba.

El pasado 20 de junio, este periodista dio cuenta en Radio Colonia de que ese viejo fantasma que supo atormentar a Servini había regresado. En forma de extorsión. Y en el marco de una relación tirante con la Casa Rosada. Más precisamente con Karina Milei. "El Jefe", según el presidente Javier Milei. En ese momento había trascendido que la jueza con competencia electoral le había pedido una reunión, pero que la exvendedora de tortas y budines se la negó. No fue el primer desplante de la hermanísima para con la jueza. Algo similiar le había hecho en noviembre pasado, cuando –entonces al mando de la campaña presidencial de su hermano– decidió faltar a la audiencia que Servini había convocado ante una serie de "advertencias" realizadas por apoderados de La Libertad Avanza en relación a un posible fraude en el balotaje que el libertario terminó ganando con el 56% de los votos.

Ahora la situación parece haber escalado. Según reveló este lunes Carlos Pagni, un ciudadano se presentó ante la Justicia "planteando la probabilidad" de que él sea hijo de desaparecidos. "Es adoptado y denuncia que la jueza que lo habría entregado cuando era bebé era justamente la entonces jueza de menores Servini de Cubría, durante los años de la dictadura", detalló el periodista en LN+. Y agregó: "Aparentemente, se abrió una causa judicial que, presumiblemente, podría estar en Lomas de Zamora porque la información surge del entorno del juez Federico Villena". Ese dato esconde dos particularidades. El primero: Villena llegó a juez federal con el apoyo de Servini –"hizo mucha fuerza para que llegara, después se pelearon", recuerdan en Comodoro Py. El segundo: Villena juega desde hace años en tándem con Franco Bindi, un experto en operaciones judiciales que supo abrazarse a las fuerzas del cielo de la mano de la diputada Marcela Pagano. Su novia.

¿Esto desliga a Servini del caso? Para nada, sólo aporta contexto a la situación. De hecho, no son pocos los que en los sótanos del poder afirman que la jueza Barú Budú Budía –como supo inmortalizarla el entrañable Tato Bores– le compró su "tranquilidad" al kirchnerismo con un fallo que firmó el 28 de diciembre de 2006 y todavía hoy es motivo de controversia. Nos referimos al sobreseimiento de Horacio Verbitsky, Mario Firmenich y el resto de los montoneros acusados por el atentado perpetrado el 2 de julio de 1976 contra el comedor de la Policía Federal. Si bien se trató del ataque con bombas más sangriento de la historia argentina, luego de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), la Servini entendió que ese hecho no podía considerarse como delito de lesa humanidad ni acto de terrorismo. 

Su fallo fue ratificado por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en marzo de 2011. Pero diez años después, un grupo de querellantes se presentó para solicitar la nulidad de esa resolución. La Cámara Federal porteña accedió a esa petición en noviembre de 2021 y le ordenó a Servini volver a analizar el tema. No obstante, la jueza entendió que no había nada que revisar: "Cosa juzgada", sentenció en septiembre de 2023.