Diputados: avanza Ficha Limpia, el proyecto que podría frenar la candidatura de Cristina

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para que se trate la próxima semana en la Cámara de Diputados el proyecto de Ficha Limpia. La propuesta establece que no podrán ser candidatos los dirigentes con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

El proyecto comenzó a discutirse a las 14 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, y rápidamente alcanzó un dictamen de mayoría con 30 firmas, mientras que se presentaron dos dictámenes de minoría con tres rúbricas, uno con dos y otro con una. El libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, detalló el proceso.

De aprobarse, la iniciativa cancelaría la posibilidad de que Cristina Kirchner se postule en las elecciones legislativas de octubre, dado que pesa sobre ella una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, confirmada en segunda instancia.

La propuesta, impulsada por La Libertad Avanza y acompañada por el PRO, contó con la disidencia de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, mientras que Unión por la Patria y la izquierda rechazaron la propuesta de plano, presentando sus propios dictámenes.

Silvia Lospennato, diputada del PRO, destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que el dictamen actual “amplía y mejora” el presentado en diciembre de 2024, cuando se intentó tratar sin éxito.

La normativa busca impedir que un dirigente con condena en segunda instancia por corrupción pueda ser candidato a cargos electivos, además de prohibirles desempeñarse en altos cargos ejecutivos, como jefe de Gabinete, ministro, secretario, subsecretarios, organismos descentralizados, entes públicos y la Cancillería.

El texto aclara que la prohibición solo se aplicará si la condena fue confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Si la sentencia es dictada en el mismo año de las elecciones, la inhabilitación se extendería al ciclo electoral siguiente.

Para que el proyecto sea sancionado, se requiere una mayoría agravada de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.