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La medida fue dispuesta por la jueza Loretta Preska. El dinero será entregado al fondo Attestor Master. Además, congeló otros USD 100 millones hasta que se resuelva una disputa entre acreedores.
Economía y negocios07 de febrero de 2025La jueza Loretta Preska aprobó el embargo de USD 210 millones de activos del Estado argentino, en el marco de un juicio por la deuda soberana que cayó en default tras la crisis económica de 2001. Esta decisión se produce después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la apelación presentada por los abogados del país. Los fondos embargados serán ejecutados a través de una orden presentada en la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Attestor Master.
En la misma resolución, la magistrada determinó congelar otros USD 100 millones, los cuales permanecerán bloqueados hasta que dos grupos de acreedores, Attestor Master y Bainbridge Fund, resuelvan su disputa sobre esos fondos. Los activos embargados están depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, así como en entidades financieras en Alemania y Suiza.
Este embargo se enmarca dentro de una larga disputa legal originada por las demandas de los llamados "fondos buitre", acreedores que nunca recibieron compensación por los bonos de deuda emitidos por Argentina, a pesar de las reestructuraciones realizadas en 2005, 2010 y 2016.
La decisión de Preska marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones legales entre Argentina y sus acreedores. A pesar de los intentos del gobierno argentino por reestructurar la deuda y llegar a acuerdos con los acreedores, la medida judicial subraya las dificultades para resolver este conflicto de manera definitiva.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisor, destacó que esta decisión se produce apenas días después de la ejecución de una garantía por USD 325 millones en el caso del Cupón PBI Londres, lo que evidencia el avance de los acreedores en sus litigios internacionales.
Con el embargo de estos fondos y el bloqueo de otros USD 100 millones, el gobierno argentino se enfrenta a un nuevo desafío en su intento por normalizar la situación financiera del país, mientras se mantiene la atención sobre cómo se resolverá la disputa entre los acreedores y qué consecuencias tendrá este nuevo revés judicial.
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