La resolución fue tomada por la Cámara Federal porteña. En paralelo, la comisión investigadora de Diputados solicitó el traslado por la fuerza pública de dos funcionarios; la definición quedará en manos del nuevo juez.
Política24 de septiembre de 2025
Sección País
La Cámara Federal porteña dispuso este miércoles que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quede definitivamente a cargo de la causa $LIBRA y ordenó su acumulación con la denuncia por presuntas dádivas contra Karina Milei. En la resolución —firmada de manera unipersonal por el camarista Mariano Llorens— se indicó que la pesquisa de Martínez De Giorgi “resulta más amplia y comprende los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad”. La instrucción quedó delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano.
El trámite se originó cuando Ariel Lijo, subrogando a María Servini, declaró la incompetencia del Juzgado Federal 1 y remitió el caso por conexidad al Juzgado Federal 8. Martínez De Giorgi aceptó la conexidad pero pidió el aval expreso de la Cámara, que en un pronunciamiento previo había considerado “prematura” la unificación. Con la decisión de Llorens, ambas investigaciones quedaron acumuladas en el Juzgado Federal 8.
En paralelo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados solicitó el traslado por la fuerza pública de dos funcionarios que no concurrieron a sus citaciones: el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y María Florencia Zicavo, ex responsable de la Unidad de Tareas de Investigación del caso $LIBRA (ya disuelta). La medida deberá ser evaluada por Martínez De Giorgi.
La mayoría opositora buscó fijar un precedente para el eventual caso de Karina Milei, citada para este miércoles y ausente; fue convocada nuevamente para la semana próxima y no había expectativas de asistencia. Mientras tanto, los diputados aguardaron respuestas a oficios enviados a billeteras virtuales para reconstruir movimientos de dinero previos y posteriores al tuit presidencial del 14 de febrero que mencionó por primera vez $LIBRA, con el objetivo de identificar beneficiarios y el mecanismo de “rug pull”.
Además, fueron citados para el próximo martes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy —señalados por la oposición como quienes acercaron el proyecto a Javier Milei— y el ex asesor de la CNV, Sergio Morales. En el recinto admitieron expectativas bajas de asistencia y consideraron que el pedido de fuerza pública operaría como advertencia.
Por último, el fiscal Taiano negó a los diputados de la comisión el acceso al expediente. La oposición cuestionó la decisión por la lentitud del avance y pidió una audiencia con el procurador general, Eduardo Casal, para obtener vista de la causa.
El dirigente del PRO formalizó su dimisión como diputado y arrancó agenda de gestión: reunión con “Lule” y Martín Menem, y primeras citas con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán.
La comisión investigadora, que preside Maximiliano Ferraro, presentará un recurso extraordinario contra el fallo que impidió conducir por la fuerza a la secretaria General de la Presidencia y a otros funcionarios. El 18 de noviembre emitirá dictámenes sobre eventuales responsabilidades políticas.
Juan Martín de la Serna reclamó un “marco regulatorio igual para todos” y advirtió que la apertura sin control “desequilibra el campo de juego” y pone en riesgo empleo e industria local.
El gobernador reclamó al Congreso una norma que habilite derribar aeronaves ilegales y un plan integral de radares en la frontera norte. Hubo dos detenidos y el secuestro de 364 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera.
Tras una audiencia en Sala II, la defensa de Diego Spagnuolo aseguró que los audios sobre presuntos sobornos son “falsos” o “generados con inteligencia artificial”; el fiscal Franco Picardi defendió la validez de lo actuado y el expediente sigue bajo secreto.
El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, anunció que el pedido alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, organismos descentralizados y directorios de empresas estatales. La movida busca “disponibilidad” para rearmar el Ejecutivo en la próxima etapa, en medio de la tensión con la Casa Rosada.
Energía fijó por resolución 434/2025 nuevos precios mayoristas para noviembre–abril: hogares abonarán entre $56.054 y $58.281 por MWh y comercios/industrias entre $47.310 y $51.633. En el AMBA, las facturas residenciales subirán 3,5–4%; en no residenciales habrá alzas de hasta 2,2% o bajas de hasta 10,3%. En invierno, la relación se invierte.
