Los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz buscan que el Departamento de Justicia de EE. UU. investigue el ingreso del Grupo Petersen a la petrolera en 2007. Apuntan a impactar en el pleito civil en Nueva York, donde Burford reclama cerca de US$ 16.000 millones.
Economía y negocios28 de septiembre de 2025
Sección País
La pulseada por YPF en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) trabajan en una presentación ante el Departamento de Justicia para pedir una investigación penal sobre las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, a fines de 2007.
El objetivo es abrir una causa en el fuero penal norteamericano. Según los mandatarios, aquella operación habría escondido maniobras de carácter fraudulento. Una pesquisa de ese tipo podría repercutir en el proceso civil que instruye la jueza Loretta Preska, donde la Argentina enfrenta un reclamo cercano a los US$ 16.000 millones por parte de Burford Capital.
Los gobernadores apoyan su actuación en que sus provincias poseen acciones clase B de YPF desde la expropiación de 2012. No les dan control sobre la compañía, pero los ubican como socios con intereses a resguardar ante una eventual ejecución del fallo.
La ofensiva apunta a sostener que el ingreso del Grupo Petersen —apalancado en dividendos de la propia YPF y con aval político— fue irregular y habilitó el litigio internacional. Si se comprobara un delito en esa operatoria, plantean, se afectaría el andamiaje legal que sostiene la demanda de Burford.
El movimiento deja, además, un contraste político. Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) no definieron si se sumarán. Son distritos clave en el mapa energético y también tienen participación en YPF.
El caso escaló en septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la Argentina por no extender la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012. La causa se originó en la quiebra del Grupo Petersen, cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford. Hoy, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito analiza recursos de la Procuración del Tesoro, que cuestiona la entrega de acciones estatales y alega violación de la inmunidad soberana.
Con plazos ajustados y riesgo de ejecución, Cornejo, Torres y Vidal buscan ganar margen político y judicial con la vía penal en Estados Unidos, mientras esperan definiciones de sus pares de la Patagonia.
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