La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.
Política11 de noviembre de 2025
Sección País
Un tribunal de Tucumán dictó una medida cautelar que prohíbe por seis meses a la señal Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a sus periodistas, productores y conductores realizar críticas a fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, alcanza a contenidos emitidos en TV, radio, plataformas digitales y redes sociales, bajo apercibimiento por desobediencia judicial.
Según el fallo, el propietario del medio habría montado una “campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático” contra el sistema de justicia local “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo” de la libertad de expresión. El texto sostiene que en CCC se difundieron “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.
El conflicto se originó en críticas emitidas en programas de CCC a la actuación de fiscales alineados con el ministro fiscal Edmundo Jiménez en causas de alto impacto público. La empresa —fundada en 1987 por la familia Domínguez y adquirida por su actual dueño a fines de 2024— quedó así alcanzada por una prohibición genérica de emitir juicios críticos sobre el desempeño judicial.
La decisión fue repudiada por entidades periodísticas y de derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán advirtió que el fallo “instala un bozal judicial” y vulnera la libertad de prensa y el derecho ciudadano a informarse. Recordó que la Constitución (art. 14) y la Convención Americana (art. 13) prohíben toda forma de censura previa y solo admiten responsabilidades ulteriores, fijadas por ley y proporcionales, más aún tratándose de asuntos de interés público y funcionarios.
FOPEA sostuvo que la cautelar “afecta claramente el derecho a la información” y representa “un acto de censura previa”. El INECIP alertó sobre una “degradación institucional” en Tucumán, señaló antecedentes —como la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021 y el encarcelamiento de un abogado por desobediencia— y enmarcó el caso en una “secuencia de atropellos”.
Consultado por la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo se desentendió del contenido y señaló que se trata de “una decisión judicial que hay que respetar”, aunque destacó que existen vías para revertirla: “Hay caminos judiciales para revertir esa medida si alguien entiende que amordaza la libertad de prensa”.
Edmundo Jiménez es ministro fiscal desde 2014 y fue ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich entre 2003 y 2014. En paralelo, reaparecieron cuestionamientos políticos: el diputado Carlos Cisneros (UxP) lo acusó recientemente de “maniobras” para encubrir a futbolistas denunciados por violación, intento de juicio político que no prosperó.
La defensa de CCC y los gremios anticipan presentaciones para impugnar la cautelar por inconstitucionalidad, con el eje en la prohibición de censura previa y la doctrina interamericana sobre libertad de expresión aplicada a críticas a funcionarios. En lo inmediato, la medida condiciona la cobertura judicial de uno de los principales grupos mediáticos de la provincia y tensa la relación entre prensa y sistema de justicia en Tucumán.
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