Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
Política11 de noviembre de 2025
Sección País
El Gobierno nacional derogó el control de aranceles en la educación privada. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el Decreto 787/2025, elimina el Decreto 2417/1993 que exigía a los establecimientos informar a las familias —con antelación— el valor de la matrícula, las cuotas, sus plazos y posibles recargos, y contar con autorización estatal para modificarlos.
Según los fundamentos oficiales, el esquema derogado “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”: cuando la administración educativa estaba en manos de la Nación. Con la posterior transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que la regulación nacional perdió sentido y terminó introduciendo rigideces que afectaban “la adaptación a las realidades educativas y económicas” del país.
Para la Casa Rosada, la obligación de fijar precios por adelantado y de esperar el aval del Estado generaba dos efectos indeseados:
El Gobierno también invocó el “principio de libre contratación”, al sostener que, como entidades privadas, los institutos deben poder definir condiciones de precio y compensaciones “en un marco de competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
Con la nueva normativa, los colegios privados quedan habilitados a fijar y ajustar aranceles sin informar con antelación ni requerir autorización de la autoridad nacional. La administración central enmarca la decisión en la descentralización educativa y en la necesidad de “flexibilizar” estructuras de costos, mientras desplaza eventuales regulaciones específicas al ámbito provincial.
En la Casa Rosada analizan tratar del 10 al 31 de diciembre el Presupuesto 2026 y el proyecto de “presunción de inocencia fiscal”, y dejar para febrero las reformas laboral, tributaria, previsional y penal. Gobernadores mineros piden cambios en la Ley de Glaciares.
La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
En su primera entrevista tras meses de silencio, el expresidente se refirió a la causa por violencia de género que enfrenta. Dijo que entregó el teléfono a la Justicia y que no hay chats que lo incriminen.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
