El Presidente pidió informes sobre el reparto de recursos a las prestadoras médicas; la Superintendencia de Servicios de la Salud pisó fondos que había girado la gestión de Alberto Fernández.
Política13 de febrero de 2024
Sección País
Tras el paro general del 24 de enero que activó la CGT, el Gobierno puso la lupa sobre los subsidios que reciben las obras sociales sindicales y evalúa un recorte en su reparto.
Desde el Gobierno surgieron versiones de que el presidente Javier Milei recortaría los subsidios que las obras sociales sindicales reciben del Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Sin embargo, desde Presidencia buscaron bajarle el tono a la cuestión y aclararon que, en principio, sólo se solicitó "la elaboración de un informe de todos esos fondos" para analizar su funcionamiento.
El análisis de los fondos y sus posibles derivaciones con una eventual interrupción se inscribe en la lógica que tiene el Gobierno de "correr a los intermediarios" entre los aportes estatales y sus beneficiarios.
La caja que representa el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un verdad tesoro para los gremios, se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. A través del FSR se financian los servicios de transporte y educación para discapacitados, entre otros ítems que la gestión actual tendría en vistas recortar.
El pedido de informes de parte de Presidencia surge en un momento de tensión con los gobernadores y buena parte de la oposición, pero a al vez con los gremios que, a 45 días de haber iniciado, le hicieron un paro general.
José Luis Lingieri, el dirigente sindical que mejor conoce el funcionamiento de las obras sociales, explicó en diálogo con La Nación que en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar $132.000 millones para solventar los gastos adicionales que tienen las obras sociales sindicales, pero que en enero de 2024 recién se completó la suma de $70.000 millones y luego no se pagó más. Es decir, los gremios reclaman un faltante de $62.000 millones. "El panorama es muy incierto", dijo Lingieri, secretario de Acción Social de la CGT y jefe del sindicato de Obra Sanitarias, que además precisó que la falta de esos recursos podría impactar de lleno en la atención de las prestaciones por discapacidad, de las más costosas del plan de salud.
Así las cosas, los sindicatos se preparan para enfrentar el eventual recorte que profundizaría la crisis de las obras sociales. Tema que desde hace rato es motivo de debate interno en la CGT.
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