El Presidente pretende que sus dos designados a la Corte Suprema por decreto asistan como invitados especiales a la apertura de sesiones en el Congreso. Busca enviar una señal política y judicial en medio del escándalo de $LIBRA.
Política25 de febrero de 2025
Sección País
Javier Milei planea darle un marco político a la decisión de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. El Presidente quiere que ambos estén presentes en la Asamblea Legislativa del sábado, cuando dé su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. El decreto con la designación se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, pero la intención del Gobierno es que los jueces ya estén sentados junto a los actuales ministros del máximo tribunal cuando Milei suba al estrado.
El decreto, según adelantaron fuentes oficiales, tendrá unas 32 páginas, en las que se detallarán los argumentos jurídicos para avanzar con la designación en comisión de los dos jueces, citando jurisprudencia histórica de la Argentina y Estados Unidos. Además, el Gobierno planea usar esta jugada como una herramienta de relanzamiento político, luego del golpe que significó el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
El anuncio del decreto ya generó un fuerte rechazo en la oposición. Unión por la Patria (UP) ratificó su decisión de no asistir a la Asamblea Legislativa, dejando vacías las bancas del kirchnerismo en la Cámara de Diputados y el Senado. Esta jugada busca restarle legitimidad política a la estrategia de Milei y remarcar el rechazo del peronismo a la designación de jueces sin el acuerdo del Senado.
El bloque que responde a José Mayans ya había advertido que no daría quórum para tratar el pliego de Lijo, algo que finalmente sucedió la semana pasada. En un comunicado, UP denunció que la designación de jueces por decreto "es inconstitucional y una afrenta al sistema republicano".
En paralelo, la UCR emitió un documento crítico, aunque con posiciones divididas. Mientras el senador Martín Lousteau cuestionó la decisión presidencial y la comparó con la de Mauricio Macri en 2015, el jefe de bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, había firmado el dictamen que habilitaba la nominación de Lijo. El PRO, en cambio, evitó pronunciarse oficialmente, aunque desde el sector de Mauricio Macri y algunos senadores ya habían expresado su rechazo a Lijo.
Por otro lado, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tampoco se mostró entusiasmada con la decisión del Ejecutivo y se negó a hacer una sesión "testimonial" para tratar el pliego de Lijo antes de la firma del decreto.
Para justificar la jugada, el Gobierno preparó un informe jurídico que sostiene que hay precedentes de designaciones en comisión en la Corte Suprema. La encargada de recopilar estos antecedentes fue la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, una de las principales asesoras de Santiago Caputo.
Entre los casos citados figuran los de Francisco de las Carreras, designado por Bartolomé Mitre en 1863; Uladislao Frías, nombrado por Nicolás Avellaneda en 1878; y Luis Varela, quien asumió en 1889 bajo el mandato de Miguel Juárez Celman. También se mencionan los casos de Abel Bazán, Benjamín Paz y Dámaso Palacio, todos nombrados en comisión antes de ser ratificados por el Senado.
El antecedente más reciente es el de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, designados en 2015 por Mauricio Macri. Sin embargo, la maniobra del expresidente generó tal rechazo político que finalmente debió enviar los pliegos al Senado, donde ambos jueces fueron ratificados meses después.
En Estados Unidos, país del que Argentina tomó el modelo de nombramientos en comisión, también hay antecedentes. Desde 1789 hasta 2004, fueron designados un total de 306 jueces federales en comisión, incluyendo 15 jueces de la Corte Suprema. Entre ellos, se citan los casos de tres jueces nombrados por Dwight D. Eisenhower en los años 50 y el de David Davis, quien asumió en 1862 bajo el mandato de Abraham Lincoln.
A diferencia de lo ocurrido con Rosatti y Rosenkrantz, la gran apuesta de Lijo es que su pliego sea aprobado en algún momento por el Senado. Para ello, el juez no renunciará a su cargo en la Justicia Federal, sino que pedirá licencia hasta el 30 de noviembre, con la esperanza de que en ese tiempo consiga los votos necesarios para su confirmación.
El rechazo de 25 senadores bastaría para bloquear su nominación, pero hasta el momento no hay consenso en la Cámara alta para avanzar en esa dirección. Aunque UP anunció su rechazo, hay entre 8 y 14 senadores peronistas que habrían apoyado su pliego, lo que deja margen para una negociación con los gobernadores que respondieron de manera favorable a la candidatura de Lijo.
Milei, en tanto, quiere capitalizar políticamente la jugada y mostrar que está decidido a avanzar sin depender del Congreso. Su apuesta es que, con los jueces sentados en la Corte, su gobierno gane margen de maniobra en la Justicia, en un contexto en el que el oficialismo tiene varios frentes abiertos, desde la reforma del Estado hasta el escándalo por $LIBRA.
La pregunta es si el Senado aceptará esta maniobra o si, como ocurrió con Macri, la presión política obligará a Milei a buscar un acuerdo parlamentario. Por lo pronto, el Presidente ya marcó la cancha: Lijo y García-Mansilla estarán en el Congreso el 1M, le hayan tomado juramento o no.
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