La empresa estatal denunció una pérdida de $2.500 millones por las protestas de SUTPA y anticipó más sanciones si continúan las medidas
Política16 de abril de 2025
Sección País
Corredores Viales S.A. echó a 117 trabajadores que participaron de las protestas impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano. Los despidos fueron formalizados a través de telegramas enviados esta semana y alcanzaron a parte de los 2.500 empleados que adhirieron a un paro de cuatro días.
Las medidas de fuerza se llevaron a cabo la semana pasada y generaron complicaciones en varias rutas nacionales. Según fuentes oficiales, causaron una pérdida económica estimada en más de $2.500 millones para la empresa estatal, que gestiona el sistema de peajes en distintos corredores del país.
“El Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical”, advirtieron desde la compañía, y remarcaron que los paros incluyeron el levantamiento de barreras y la obstrucción del tránsito, generando demoras para los usuarios y boquetes en la recaudación pública.
Uno de los puntos más calientes fue la Autopista Riccheri, donde el caos vehicular se hizo sentir en las inmediaciones del Mercado Central, justo en horas pico de entrada y salida de camiones.
Desde SUTPA justificaron la protesta como un acto de “solidaridad” con 500 empleados de la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó luego de estar prorrogada desde 2014. El gremio pidió que el Estado se hiciera cargo de su situación laboral, ya sea contratándolos o indemnizándolos, pese a tratarse de una firma privada.
Corredores Viales denunció el paro ante la Secretaría de Trabajo por considerarlo “ilegal e ilegítimo”, dado que no se informó con antelación y que su motivación original —la situación de los trabajadores de otra empresa— escapaba a su órbita.
“Al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, se denunció el hecho. Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado”, señalaron desde la empresa.
Tras los despidos, el mensaje fue claro: si las medidas de fuerza continúan, seguirán las sanciones. “Como ya fue advertido, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos”, insistieron.
El Gobierno también informó que ya está en marcha un protocolo junto a las fuerzas de seguridad para evitar futuros bloqueos en las rutas y asegurar la libre circulación. “Cuando se levantan las barreras, se frena el cobro manual y también el automático por Telepase. Así se genera un daño diario de $700 millones que pone en jaque el sostenimiento del sistema sin aportes del Estado”, concluyeron.
El MST–FIT denunció que fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales la misión humanitaria rumbo a Gaza y exigió la liberación “inmediata” de la dirigenta; la Cancillería argentina fue contactada para intervenir.
Reeditarán el cara a cara que mantuvieron el domingo pasado. En la previa de nuevos viajes y con un Congreso hostil, el Gobierno busca ordenar puentes con la oposición dialoguista.
La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
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El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
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