En un acto breve en el Salón Blanco, el diputado dejó su banca y asumió la cartera política con la misión de trazar acuerdos con las provincias. Habrá cumbre con mandatarios aliados y reuniones bilaterales para blindar el Presupuesto 2026 y avanzar con los cambios laboral, tributario y penal en extraordinarias.
Política11 de noviembre de 2025
Sección País
El Gobierno formalizó este martes la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior. En una ceremonia corta en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el ahora exdiputado juró ante el Presidente y quedó a cargo de la llave política que la Casa Rosada pretende usar para sellar acuerdos con los gobernadores de cara al segundo tramo de gestión.
La jura cierra el movimiento que Santilli venía ejecutando de hecho desde que fue anunciado el 2 de noviembre: reuniones con mandatarios y equipos provinciales para allanar el camino del Presupuesto 2026 y de las reformas que el oficialismo buscará sancionar en las sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre (laboral, tributaria y penal). En primera fila, funcionarios del Gabinete, familiares y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.
En la previa, Santilli encadenó encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y este lunes sumó a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan). Este miércoles iniciará una gira con gobernadores aliados; el primer destino será Entre Ríos para ver a Rogelio Frigerio. En la hoja de ruta figuran, además, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros. El bonaerense Axel Kicillof quedó fuera del radar inmediato: Santilli descartó por ahora un cara a cara.
La consigna política es clara: aceitar vínculos, desactivar asperezas puntuales y garantizar los votos en ambas cámaras. En paralelo, Interior prepara una agenda conjunta con el ministro de Economía, Luis Caputo, para coordinar las demandas fiscales de los distritos —coparticipación, ATN, obras y cajas previsionales— con las metas de déficit cero que promueve el oficialismo.
Con Santilli ya en funciones, el oficialismo apuesta a ordenar una mesa federal que dé volumen legislativo a su paquete de diciembre y a las reformas de “segunda generación” que proyecta para el inicio de 2026. La prueba de fuego será el Presupuesto: sin un entendimiento con las provincias, difícilmente habrá números para sesionar y votar.
Luego de trasladarlo por la mañana a Seguridad, la Casa Rosada corregirá el DNU y restituirá el Registro Nacional de las Personas bajo la órbita de Diego Santilli. Migraciones seguirá en Seguridad. Adorni concentró Comunicación y Turismo, Ambiente y Deportes; se esperan más retoques.
El Máximo Tribunal rechazó por “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa y consolidó la pena por administración fraudulenta. Un tribunal deberá resolver ahora si el exministro de Planificación va a la cárcel.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
