La oposición no peronista desactivó, por ahora, la moción de censura por la emergencia en Discapacidad. Empujan una vía intermedia: interpelación en el recinto y tratamiento en comisiones con plazo para corregir. El jefe de Gabinete respira hasta las legislativas.
Política26 de septiembre de 2025
Sección País
Guillermo Francos consiguió aire político. La UCR y la Coalición Cívica, junto con la mayoría de los partidos provinciales, no acompañarán —al menos hasta las elecciones del 26 de octubre— la expulsión del jefe de Gabinete por la polémica en torno a la promulgación y suspensión de la ley de emergencia en Discapacidad. En su lugar, promueven una salida intermedia: debatir en comisiones, avanzar con su interpelación y fijarle un plazo para ordenar el frente normativo.
En Diputados, la oposición trabaja una sesión para el miércoles. Allí podrían incluir un emplazamiento a comisiones para tratar los expedientes vinculados a Francos. Si prospera, el debate quedaría diferido no menos de 15 días. En el Senado, el tema quedó fuera de la Comisión de Asuntos Constitucionales que citó Alejandra Vigo (Provincias Unidas), una señal para demorar el tratamiento; ese mismo día se abrirá la discusión para interpelar a Karina Milei por el caso $LIBRA (sin los dos tercios asegurados). La moción de censura a Francos requeriría mayoría simple, pero por ahora no reúne consensos.
La UCR (bloque que conduce Rodrigo De Loredo) apunta a evitar una crisis de gabinete en un contexto económico y político frágil. “El cumplimiento de una ley se garantiza en la Justicia”, razonan, y sugieren que los afectados recurran a amparos mientras el Congreso ordena el trámite. En la Coalición Cívica —clave para el quórum opositor— tampoco avalan, por ahora, una expulsión sin antes escuchar a Francos en el recinto.
El espacio Democracia Para Siempre presentó un proyecto de interpelación (autoría de Fernando Carbajal) para que el jefe de Gabinete explique por qué no se aplica la emergencia en Discapacidad. Es, hoy, la alternativa con más chances de avanzar. En paralelo, Unión por la Patria sostiene que si Francos no rectifica por decreto la suspensión, deberá dar un paso al costado.
El primer pedido formal de moción de censura lo había presentado Oscar Carreño (Encuentro Federal, bancada de Miguel Pichetto), con el argumento de que Francos incumplió el artículo 83 de la Constitución: una vez rechazado el veto, debe publicar la ley sin introducir suspensiones ni devoluciones al Congreso. La eventual expulsión sería un hecho inédito, aunque previsto por la Carta Magna: interpelación y posterior voto en el recinto.
Mientras negocian el temario de la próxima sesión —que también incluiría el veto a la ley de ATN y cambios en combustibles—, en la UCR y la CC prevalece la idea de “no desestabilizar”: ganar tiempo, escuchar a Francos y llevar el expediente por carriles reglamentarios. Con esa cobertura, el ministro coordinador evita, por ahora, un desenlace abrupto y traslada la definición para después del 26 de octubre.
El gobernador siguió la investigación desde EE. UU.; Verónica Magario quedó a cargo del Ejecutivo bonaerense. Hubo protestas en La Matanza, cuatro detenidos y secreto de sumario. Kicillof apuntó a una banda narco con base en CABA.
La eliminación temporal de derechos para granos se cerró al agotarse el cupo de USD 7000 millones; estimaciones hablan de hasta USD 1500 millones no percibidos por el fisco ni los productores.
En una sesión a puertas cerradas, la Legislatura aprobó los pliegos de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. El oficialismo usó mayoría simple; la oposición dio quórum pero rechazó los nombramientos.
