El Ejecutivo necesita una quincena de votos extra en Diputados y negocia con mandatarios “dialoguistas”. Piden nueva regla para los Aportes del Tesoro, mayor participación en el impuesto a los combustibles, cobertura del déficit de cajas provinciales y avales para endeudamiento en infraestructura.
Política10 de noviembre de 2025
Sección País
El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 en extraordinarias (del 10 al 31 de diciembre) y, con unos 115 votos propios y aliados, encara una ronda con gobernadores para conseguir al menos 15 voluntades más. En ese intercambio, los mandatarios pusieron sobre la mesa cuatro llaves: redistribución de ATN, una nueva pauta en el impuesto a los combustibles, refuerzo para cubrir déficits de cajas previsionales y avales para tomar deuda en obras públicas.
En 2026, la Nación giraría a provincias y CABA $7,7 billones entre coparticipación y programas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, $73.914.241 millones (95,3%) son transferencias automáticas y $3.627.442 millones (4,7%) no automáticas, dentro de programas aprobados por ley. El alza interanual ronda 31%, pero los gobernadores piden más recursos y reglas claras.
La partida trepa a $569.426 millones (más del 100% interanual), pero con distribución discrecional del Ejecutivo (sigue vigente el veto a la ley que imponía reparto automático y diario por coeficientes de coparticipación).
En la mesa de negociación, el Gobierno sólo abriría a distribuir cada año el “remanente”, posición que los mandatarios consideran insuficiente: exigen previsibilidad y criterio objetivo.
El proyecto fija $122.762,7 millones para transferencias a cajas no transferidas, con condición: que exista déficit “reconocido” (provisorio o definitivo) en acuerdo con ANSES, al menos desde 2021.
Los gobernadores que administran sus cajas sostienen que esa cifra equivale a “la mitad” del piso necesario respecto de 2025 y calculan que se requieren cerca de $900.000 millones para cumplir la ley.
Cada distrito empuja su listado de obras estratégicas. Además, varios gobernadores reclaman avales nacionales para endeudamiento destinado a infraestructura, como condición de acompañamiento político.
Si el Ejecutivo ofrece regla objetiva para ATN, un piso mayor y verificable para cajas previsionales, una mejora en la porción provincial del impuesto a los combustibles y avales concretos para obras, el Presupuesto 2026 tendría camino. Si no, el número en Diputados seguirá corto y la llave quedará en manos de los mandatarios “dialoguistas”.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
El sector que impulsó a Cristian Jerónimo al nuevo triunvirato convocó para este lunes a las 19 en la sede de AEFIP. Participarán Gerardo Martínez, Domingo Moreyra y Sergio Sasia, con Guillermo Moser como anfitrión.
Juan Martín de la Serna reclamó un “marco regulatorio igual para todos” y advirtió que la apertura sin control “desequilibra el campo de juego” y pone en riesgo empleo e industria local.
Capital Humano notificó por vía administrativa el “recupero” de lo cobrado por la ex presidenta en concepto de asignación vitalicia y pensión por viudez. El monto rondaría los $1.000 millones. En el Gobierno dan por hecho que habrá judicialización tras el revés reciente a su cautelar.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
