Sección País
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió recurrir a la Justicia para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la implementación inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial previstas por la norma, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto pero con ejecución suspendida por el Gobierno.
En una resolución aprobada por unanimidad, el Consejo Superior sostuvo que “promulgar formalmente pero suspender materialmente” la ley “altera el sistema de frenos y contrapesos del artículo 1° de la Constitución” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”. También advirtió que el sistema universitario “atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes”: las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron desfasadas por la inflación y los salarios docentes y nodocentes acumulan una pérdida superior al 40%, que este año “se profundizó” por recomposiciones por debajo del IPC.
Para la UBA, la suspensión vulnera derechos constitucionales al impedir el acceso a los fondos para funcionamiento, infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas que prevé la ley. El Ejecutivo, en cambio, condicionó su puesta en marcha a que el Congreso defina la fuente de financiamiento en el Presupuesto.
El Consejo instruyó al rector a iniciar acciones judiciales y a comunicar la medida a facultades, colegios, hospitales universitarios e institutos. El paso se suma a las advertencias y medidas de “restricción” anunciadas en septiembre y reaviva la tensión institucional entre el Legislativo —que aprobó la norma— y el Ejecutivo —que pospuso su ejecución—. La UBA reclama la asignación urgente de recursos para garantizar la continuidad del servicio universitario público.
