El crimen de un colectivero expuso un agujero negro de $2500 millones

El crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto, evidenció un escándalo de magnitud que pone contra las cuerdas al ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio: el gobierno de Axel Kicillof otorgó a las empresas del sector $2500 millones para que se instalaran 8000 cámaras de seguridad en los colectivos que recorren la Provincia, pero hasta el momento sólo fueron instaladas alrededor de 2000 y nadie sabe qué pasó con ese dinero.

"Las empresas están intimadas desde el 4 de enero para colocarlas", se excusó hoy D'Onofrio, al tiempo que prometió: "vamos a poner en funcionamiento un centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología que podamos”.

El problema no es nuevo. Por caso, en 2018 se votó una ley provincial en el que se estableció que todas las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal cuenten con dispositivos que graben en tiempo real. También se reguló que cada colectivo que se incorpore para prestar servicio en el ámbito bonaerense deberá contar con equipos de cámaras.

El valor de esos kits, que iban a ser provisto por la firma Datastar Argentina SA y cuentan con cuatro cámaras, una grabadora, un pulsador, una pantalla y accesiorios, ronda los US$3000; lo cual llevó a las empresas del sector (Metropol, DOTA, etc.) a poner el grito en el cielo.

Así las cosas, el Gobierno bonaerense firmó en junio de 2021 una resolución para la instalación de las cámaras en un convenio que contó con las firmas del entonces subsecretario de Transporte, Alejo Supply, el ministro de Seguridad y Roberto Fernández de la UTA.

Allí se explicó que del total del parque automotor de la Provincia de Buenos Aires se renueva anualmente el 10% de las unidades, lo que implicaría que por año 2 mil colectivos comenzarían a prestar servicio con los equipos instalados y que las cámaras estarían conectadas a un centro de monitoreo operado por personal del 911, que ante situación de emergencia dan aviso al personal más próximo para asistir al chofer y los usuarios. Este mediodía, D’Onofrio planteó que el gobierno bonaerense había girado los recursos a la empresa para la instalación de cámaras y la unidad en cuestión no contaba con el dispositivo instalado.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien hoy recibió golpes de puño y piedrazos al hacerse presente en la manifestación que los choferes de la línea 620 organizaron para pedir seguridad tras la muerte de su compañero, ratificó lo dicho por D'Onofrio y detalló: "Algunas [cámaras] se pusieron y las que se pusieron no tienen el chip para transmitir de manera directa".

Pero lo que no está claro es adónde fue a parar el dinero otorgado por el Gobierno bonaerense. D'Onofrio resalta que "las empresas están intimadas desde el 4 de enero [de 2023] para colocarlas", omitiendo un dato inquietante: su gestión empezó el 6 de enero de 2022. ¿Por qué entonces demoró tanto en avanzar contra las empresas? Es algo que nadie se anima a explicar. Al menos en on.