La Procuración del Tesoro elabora las respuestas que la Justicia pidió en los amparos del fuero contencioso y buscará que la Corte revierta las cautelares contra el decreto.
Política 05 de enero de 2024
Sección País
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, buscará que el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió la reforma laboral incluída en el mega DNU del presidente Javier Milei sea revisado por la Corte Suprema, y que, a su vez, el fallo dictado ayer por el juez de feria Enrique Lavié Pico, que separó los expedientes que estaban concentrados en uno solo, sea revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trabaja con Barra en las presentaciones judiciales. La estrategia del procurador en torno a las demandas que motivó el DNU estaba orientada, en un principio, a buscar que las acciones de amparo presentadas por la CGT y por la CTA fueran tramitadas en el fuero contencioso y no en el laboral. Y que incluso dentro de ese fuero todas las demadas fueran acumuladas en un proceso colectivo.
En principio, el juez titular del juzgado que recibió la primera demanda, Esteban Furnari, concentró los casos en uno solo. Pero esa decisión, que parecía favorecer la posición del Gobierno, se frutró con los fallos emitidos en los últimos días; primero porque el fuero laboral se declaró competente para avanzar en los análisis de las demadas y dictó cautelares para suspeder los efectos del DNU, y también porque desactivó el "proceso colectivo".
Los jueces que firmaron esas sentencias son los camaristas en lo laboral Alejandro Sudera y Andrea García Vior. Aunque esos fallos no implican un pronunciamiento sobre el fondo de las demandas, para buscar dejar sin efecto las cautelares al Gobierno no le queda otra opción que interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que las revise.
La Corte ya tiene en sus estrados un planteo de inconstitucionalidad contra el DNU que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pero no habilitó la feria para tratarlo y dijo que lo resolvería en febrero.
El otro frente que se le abrió al Gobierno fue en el fuero contencioso administrativo porque el fallo de Lavié Pico le permite a distintos jueces del país a revisar la validez del decreto. Y además, habilitó la feria en causas que discuten al DNU. El juez le pidió al Gobierno informes sobre los amparos que cuestionan la constitucionalidad del DNU y le fijó como fecha límite para responder el 10 de enero. Después, podrá expedirse sobre el decreto.
Así las cosas, el Gobierno buscará que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo de Lavié Pico. Ese recurso de apelación es otra de las presentaciones en las que trabajan los abogados del Estado, aunque procesalistas advierten que según la ley que reglamenta la acción de amparo no se contempla como apelable la inscripción de un proceso colectivo ni su desvinculación del Registro de Procesos Colectivos.
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