Alguien la tiene que poner

La política parece haber entrado en etapa de definiciones. En medio de una inflación desatada que, como siempre, golpea más a los que menos tienen, cada vez se torna más urgente discutir quién debería pagar el ajuste con el que Martín Guzmán pretende cumplir lo pactado con los burócratas del FMI. El anuncio de un tributo “excepcional” para la denominada “renta inesperada” volvió a agitar las aguas. ¿Qué tan cierto es, como denuncia Juntos por el Cambio, que la Argentina es un país con una presión impositiva desorbitante?

***

El Gobierno confirmó ayer que pagará bonos a monotributistas, jubilados y trabajadores del sector informal. El objetivo es ambicioso: paliar la escalada desenfrenada de los precios, que en marzo alcanzó la cifra récord de 6,7%. La noticia de la semana, sin embargo, es otra: esa iniciativa sería financiada, según explicó Guzmán, a través de “un mecanismo para poder capturar parte de la renta inesperada producto no de inversiones, sino del shock que implica la guerra en Ucrania”. Una suerte de aporte extraordinario de las grandes fortunas Vol. II.

El ministro de Economía precisó que la medida alcanzaría a empresas con ganancias superiores a los $1000 millones anuales. Sin embargo, para hacer efectiva esa política, se requerirá de la votación de una ley en el Congreso, algo que todavía está en veremos. Por eso, el Gobierno echará mano al crecimiento de la recaudación de los últimos meses para efectivizar las bonificaciones de mayo y junio, a través de las que transferirá unos 200.000 millones de pesos a más 13 millones de personas.

Como todo, en el fondo, la discusión es ideológica. Quienes no tardaron en poner el grito en el cielo fueron los principales referentes de Juntos por el Cambio. En la coalición opositora quizás no se hayan percatado de un detalle: fue el propio organismo internacional que dirige Kristalina Georgieva el que, en el marco de un mundo en shock, acaba de sugerir una suba temporal de impuestos a las empresas con “beneficios excesivos”. Alberto Fernández, a fin de cuentas, no saca los pies del plato.

El argumento del círculo rojo es siempre el mismo: la alta presión fiscal con la que ya contaría la Argentina. Pero vayamos a los números. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2017, el peso del sistema impositivo argentino sobre el PBI fue del 30,3%. Es una cifra similar al de países vecinos como Uruguay (30,9%) o Brasil (32,2%). Y por debajo, incluso, de Japón (30,6%) o del promedio de los miembros de la Unión Europea (37,5%). 

Es que la idea de una sociedad asediada por el fisco sirve para correr el foco de lo fundamental: cómo se distribuye efectivamente la torta. En ese sentido, las estadísticas que grafican el carácter altamente regresivo de nuestra estructura tributaria. Y exponen, a su vez, la distancia sideral del país respecto de los estándares internacionales. En 2017, la Argentina percibía de impuestos a los sectores de mayores ingresos, en relación a su PBI, apenas el 5,3%. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con la de Francia (10,9%), Israel (11,6%) o Alemania (12,2%). 

El cálculo, realizado por la OCDE, tuvo en cuenta la suma del conjunto de los gravámenes progresivos aplicados por cada país. Sobre todo, el que refiere a los Bienes Personales. A marzo de 2022, ese impuesto sólo explicaba el 0,4% de la recaudación total a nivel nacional. Mientras que el IVA, un gravamen indirecto e indiscriminado, hace décadas que es el principal tributo con el que se financia el Estado. Algo definitivamente no cierra.

Bonus track

Es un dato de la realidad que gran parte de la riqueza de aquellos que ostentan altos patrimonios se encuentra fuera de la Argentina. La propia AFIP consignó, también en el año 2017, que las 14.440 personas de mayores fortunas de Argentina poseían casi tres veces más bienes declarados en el exterior que en el país. ¿Te acordás del escándalo de los Panama Papers? Si no, acá te lo dibujan: