Medios públicos

La diputada Marcela Campagnoli denunció “batalla cultural disfrazada de contenido infantil” y Giudici, del PRO, pidió cerrar el canal.

El vocero presidencial dependerá directamente de Javier Milei, según lo dispuesto por el presidente mediante el decreto 834 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El procedimiento se dividirá en dos módulos: uno para todo el personal que “no esté en condición de jubilarse” y otro para quienes “se encuentren próximos a cumplir con la edad jubilatoria”.

Con Francos a la cabeza, el Gobierno se reúne con los bloques dialoguistas en busca de lograr una mayoría en Diputados para insistir con los impuestos y la venta de Aerolíneas, Correo Argentino y RTA.

Más del 35% de los trabajadores de la agencia aceptaron el programa de retiros. Esta semana continuará el cierre de las corresponsalías del interior.

La medida lleva la firma del interventor de la agencia estatal, Diego Chaher, y alcanza a las sedes de la agencia de noticias estatal distribuidas en 13 provincias.

En el área de Comunicación del Gobierno aseguran que los medios públicos no son prioridad. Todo esto es circunstancial. La casta se mantiene.

Impedido de privatizar el canal, el presidente dispuso un vaciamiento del que nadie quiere hacerse cargo. La sombra de Elzstain y el antecedente de Télam.

Tras el anuncio de Javier Milei en la Asamblea Legislativa, un operativo fuerte policial impide a sus trabajadores acercarse a la redacción. Registraba pérdidas por $20.000 millones, informó el Gobierno.

Fue diputado porteño por el PRO e integrante del Consejo de la Magistratura, y había sido designado el lunes 5 junto a Diego Chaher, quien continuará en su cargo.

El jefe de Gabinete gana cada vez más importancia en el Gobierno. La medida representa un duro golpe para Eduardo Serenellini, que incluso perdió el control sobre la vocería que encabeza Manuel Adorni.

Víctor Hugo Morales, Sandra Russo, Federica Pais, Lautaro Maislin, Jorge Dorio y Mex Urtizberea aparecen en la lista de los que dejaron la emisora.

"Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática", alertaron. Entre las tres empresas emplean a más de 3400 personas.